La disputa entre los sindicatos y el Gobierno nacional por el reparto de unos 9.000 millones de pesos que se adeudan a las obras sociales, la mayor parte retenida por la Administración de Programas Especiales (APE), que sirve para financiar el pago de prestaciones en discapacidad y en alta complejidad, ya tiene repercusión en la prestación que reciben directamente los afiliados.
La delegación Entre Ríos de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) arrastra un retraso de cuatro meses en los pagos a sus prestadores, lo que ha derivado en el corte total por parte de los bioquímicos, y una situación parecida con los médicos, que se procura ahora restablecer, aunque de modo parcial. La situación afecta en la provincia a unos 22 mil docentes, según admitieron desde la obra social.
La administración nacional de la Osplad actúa como un embudo: todos los recursos que se recaudan en todo el país entre los estados provinciales y apoderados de escuelas privadas van a Buenos Aires, y desde allí se redistribuyen a los distritos. Pero como la APE adeuda a la obra social unos 80 millones, más otros 500 millones de no pago de aportes por parte de distintas provincias, la situación actual es de fuerte desequilibrio, y la consecuencia, lógica: retraso de pago a los prestadores.
La situación es paradójica: Entre Ríos se encuentra al día con los pagos corrientes a la Osplad, y hay equilibrio financiero en la delegación local: ingresan por mes 2 millones de pesos, y el costo en prestaciones es de 1,6 millones de pesos. Pero a los recursos los maneja la administración central de la obra social y aplica el mismo criterio para todos: recorte y retraso en el envío de fondos, y pago a prestadores.
Juan Carlos Manzán, titular de la Osplad Entre Ríos, aceptó que “hay cortes de servicios que estamos tratando de levantar. Pero la situación es complicada. Acordamos un levantamiento del corte con la Federación Médica en toda la provincia, pero en Paraná el Círculo Médico ha puesto trabas, y reclamas algunas cuestiones que no tienen fundamento. El convenio está firmado con la Federación Médica, no con el Círculo Médico –planteó–. Además, tenemos el corte con los bioquímicos, que es el más importante, y no nos está brindando prestaciones el Sanatorio Adventista de Villa Libertador”.
Manzán describió el tablero financiero de Osplad nacional del modo siguiente: la APE le adeuda 80 millones de pesos, y otros 500 millones las distintas provincias y los colegios privados. “Los fondos de la APE se encuentran trabados en el Ministerio de Salud de la Nación luego de que se descubriera la existencia de planillas de prestaciones brindadas por algunas obras sociales que eran falsas. Este año, aparecieron otros casos similares, y por eso los fondos siguen retenidos. Los recursos están bajo auditoría, y entonces los recursos no se liberan. A todo el sistema de obras sociales les deben 9.500 millones de pesos”, puntualizó.
En Entre Ríos, aclaró, la situación es diferente: los aportes por parte de la provincia se están depositando a tiempo, y sólo hay una negociación en marcha por una deuda de 24 millones de pesos. “Hicimos la presentación formal, y el Consejo de Educación reconoció una deuda por 10 millones de pesos, que ya tiene dictamen favorable”, señaló.
La administración de Osplad nacional está en manos de un cuerpo colegiado, con representación mayoritaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que tiene cuatro vocales; le sigue la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), con un delegado; al igual que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme).
La delegación provincial está conducida en forma conjunta por Manzán y Roque González, que responde a AMET, sindicato este último que fue el primero en alertar sobre el corte de servicios a los afiliados. Si bien destacó las gestiones hechas desde Entre Ríos en la Nación, y el restablecimiento parcial de prestaciones, adelantó que “seguirá insistiendo por una solución definitiva, es decir que se evite los cortes de servicios por falta de pagos a los prestadores, perjudicando a los compañeros docentes afiliados a esa obra social”.
Roque González ubicó el problema de corte de prestaciones en Buenos Aires. “De Buenos Aires, mes a mes se han vendo retaceando los aportes a las provincias, a pesar de que una provincia como Entre Ríos esté al día con los aportes. Y eso hace que día a día aparezcan los reclamos de los afiliados, que nosotros trasladamos a Buenos Aires”, apuntó La solución, a su criterio, es conseguir que a toda provincia que esté trabajando con normalidad, se le gire al menos el 70% de los recursos necesarios, y se retenga un 30%. (El Diario)
La delegación Entre Ríos de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) arrastra un retraso de cuatro meses en los pagos a sus prestadores, lo que ha derivado en el corte total por parte de los bioquímicos, y una situación parecida con los médicos, que se procura ahora restablecer, aunque de modo parcial. La situación afecta en la provincia a unos 22 mil docentes, según admitieron desde la obra social.
La administración nacional de la Osplad actúa como un embudo: todos los recursos que se recaudan en todo el país entre los estados provinciales y apoderados de escuelas privadas van a Buenos Aires, y desde allí se redistribuyen a los distritos. Pero como la APE adeuda a la obra social unos 80 millones, más otros 500 millones de no pago de aportes por parte de distintas provincias, la situación actual es de fuerte desequilibrio, y la consecuencia, lógica: retraso de pago a los prestadores.
La situación es paradójica: Entre Ríos se encuentra al día con los pagos corrientes a la Osplad, y hay equilibrio financiero en la delegación local: ingresan por mes 2 millones de pesos, y el costo en prestaciones es de 1,6 millones de pesos. Pero a los recursos los maneja la administración central de la obra social y aplica el mismo criterio para todos: recorte y retraso en el envío de fondos, y pago a prestadores.
Juan Carlos Manzán, titular de la Osplad Entre Ríos, aceptó que “hay cortes de servicios que estamos tratando de levantar. Pero la situación es complicada. Acordamos un levantamiento del corte con la Federación Médica en toda la provincia, pero en Paraná el Círculo Médico ha puesto trabas, y reclamas algunas cuestiones que no tienen fundamento. El convenio está firmado con la Federación Médica, no con el Círculo Médico –planteó–. Además, tenemos el corte con los bioquímicos, que es el más importante, y no nos está brindando prestaciones el Sanatorio Adventista de Villa Libertador”.
Manzán describió el tablero financiero de Osplad nacional del modo siguiente: la APE le adeuda 80 millones de pesos, y otros 500 millones las distintas provincias y los colegios privados. “Los fondos de la APE se encuentran trabados en el Ministerio de Salud de la Nación luego de que se descubriera la existencia de planillas de prestaciones brindadas por algunas obras sociales que eran falsas. Este año, aparecieron otros casos similares, y por eso los fondos siguen retenidos. Los recursos están bajo auditoría, y entonces los recursos no se liberan. A todo el sistema de obras sociales les deben 9.500 millones de pesos”, puntualizó.
En Entre Ríos, aclaró, la situación es diferente: los aportes por parte de la provincia se están depositando a tiempo, y sólo hay una negociación en marcha por una deuda de 24 millones de pesos. “Hicimos la presentación formal, y el Consejo de Educación reconoció una deuda por 10 millones de pesos, que ya tiene dictamen favorable”, señaló.
La administración de Osplad nacional está en manos de un cuerpo colegiado, con representación mayoritaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que tiene cuatro vocales; le sigue la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), con un delegado; al igual que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme).
La delegación provincial está conducida en forma conjunta por Manzán y Roque González, que responde a AMET, sindicato este último que fue el primero en alertar sobre el corte de servicios a los afiliados. Si bien destacó las gestiones hechas desde Entre Ríos en la Nación, y el restablecimiento parcial de prestaciones, adelantó que “seguirá insistiendo por una solución definitiva, es decir que se evite los cortes de servicios por falta de pagos a los prestadores, perjudicando a los compañeros docentes afiliados a esa obra social”.
Roque González ubicó el problema de corte de prestaciones en Buenos Aires. “De Buenos Aires, mes a mes se han vendo retaceando los aportes a las provincias, a pesar de que una provincia como Entre Ríos esté al día con los aportes. Y eso hace que día a día aparezcan los reclamos de los afiliados, que nosotros trasladamos a Buenos Aires”, apuntó La solución, a su criterio, es conseguir que a toda provincia que esté trabajando con normalidad, se le gire al menos el 70% de los recursos necesarios, y se retenga un 30%. (El Diario)
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